La instalación estaba diseñada para la cría de 750.000 gallinas y el tratamiento de productos de otras 220.000 aves procedentes de granjas externas, distribuidos en nueve naves y otras infraestructuras.
Palma, 14 de enero de 2025.- El Govern de les Illes Balears ha archivado el procedimiento de autorización ambiental integrada del proyecto para la construcción de una granja de gallinas ponedoras y de recría en el término municipal de Sineu. La decisión responde a un informe de no compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Sineu, que imposibilita la continuación del proyecto.
Según la normativa, la autorización ambiental integrada requiere de un informe urbanístico favorable. En caso contrario, el órgano competente, en este caso la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, debe finalizar el procedimiento y archivar las actuaciones. La resolución de archivo fue notificada al promotor el pasado 19 de diciembre.
Un proyecto ampliamente rechazado
El proyecto contemplaba la construcción de una granja en la finca de Son Vanrell, ubicada en un entorno rústico del Pla de Mallorca, a poco más de un kilómetro del casco urbano de Sineu. La instalación estaba diseñada para la cría de 750.000 gallinas y el tratamiento de productos de otras 220.000 aves procedentes de granjas externas, distribuidos en nueve naves y otras infraestructuras.
Durante el proceso de información pública, el proyecto recibió cerca de 1.500 alegaciones, incluyendo 1.453 presentadas por vecinos y 15 de asociaciones y grupos políticos. Además, el órgano ambiental recopiló informes desfavorables de diversas direcciones generales del Govern (Medio Natural, Agricultura, Economía Circular y Salud Pública), así como del Consell de Mallorca y del GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa).
Impacto en el entorno y rechazo social
El rechazo generalizado al proyecto se centró en el impacto medioambiental, la proximidad al casco urbano y la falta de compatibilidad urbanística. Según los informes recibidos, el proyecto afectaba negativamente a la biodiversidad, la calidad del suelo, el manejo de residuos y la salud pública en la zona.
El archivo del procedimiento refuerza el compromiso del Govern de Balears con la protección del entorno rural y el respeto a la voluntad de las comunidades locales. La decisión también destaca la importancia de una planificación urbanística que priorice la sostenibilidad y la convivencia con las necesidades de los habitantes del territorio.
