El convenio permitirá ofrecer asesoramiento especializado sobre ocupación ilegal, alquileres, ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda pública
Palma, 4 de junio de 2025. El Ajuntament de Palma y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de les Illes Balears han firmado hoy un convenio de colaboración para incorporar a los administradores de fincas a la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación. El objetivo es ofrecer apoyo profesional en la resolución de conflictos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas, así como en materia de desahucios, alquileres, ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda pública.
La firma ha tenido lugar esta mañana entre el teniente de alcalde de Urbanisme, Óscar Fidalgo, y el presidente del colegio profesional, Toni Jaume. Ambas partes han coincidido en la necesidad de ofrecer una respuesta especializada y eficaz ante la compleja situación que atraviesa el mercado de la vivienda en Palma, especialmente en lo relativo a la ocupación de inmuebles.
Compromiso institucional y experiencia profesional
Óscar Fidalgo ha destacado la importancia de esta colaboración: “Es fundamental que, dada su dilatada experiencia, los administradores de fincas colaboren con el Ajuntament para evitar el perjuicio a la convivencia y la usurpación de la propiedad ajena que provoca la ocupación ilegal de bienes e inmuebles.”
Por su parte, Toni Jaume ha subrayado que este acuerdo “representa un avance en el control de la ocupación ilegal y de los efectos negativos que genera, como portales abiertos, uso indebido de zonas comunes y tensiones vecinales. Las comunidades están cada vez más preocupadas.”
Una oficina integral con presencia institucional
Los administradores de fincas ofrecerán asesoramiento directo a los ciudadanos que acudan a la oficina, no solo sobre ocupación, sino también sobre desahucios, ayudas a la rehabilitación, alquiler de larga duración, alquiler turístico y acceso a vivienda pública.
Además, está prevista la incorporación de dos funcionarios del Consell de Mallorca especializados en la lucha contra la oferta turística ilegal, así como personal del Govern balear a través del IBAVI y del propio Ajuntament de Palma. Todo ello con la intención de convertir esta oficina en un espacio de referencia en materia de vivienda y convivencia ciudadana.
