El convenio permitirá incorporar inspectores del Consell a la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación para intensificar la lucha contra el intrusismo

Palma, 3 de julio de 2025. El Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma han firmado un convenio de colaboración para reforzar la lucha contra la oferta turística ilegal en la capital balear. El acuerdo, presentado este jueves, permitirá incorporar dos funcionarios del Consell a la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación de Cort, con el fin de mejorar la eficacia en la detección, inspección y sanción de estas prácticas irregulares.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha subrayado que se trata de “un paso más en nuestra estrategia para proteger el modelo turístico de Mallorca y salvaguardar los intereses de nuestros residentes y del sector regulado”. Además, ha destacado que el objetivo es “combatir el intrusismo, reducir la sensación de impunidad y perseguir toda oferta ilegal, fomentando la convivencia entre residentes y visitantes”.

Por su parte, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha señalado que este convenio representa “una muestra clara del compromiso conjunto para erradicar este tipo de actividades”. Ha valorado la implicación del Consell en un asunto “complejo, que requiere determinación para garantizar el equilibrio entre el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y un modelo turístico sostenible y ordenado”.

Un convenio con visión a largo plazo

El acuerdo contempla que el Consell, que ostenta la competencia en materia de inspección y sanción en toda la isla, destine a dos técnicos especializados que trabajarán junto al personal municipal. Sus funciones incluirán labores de asesoramiento, inspección y sanción relacionadas con el alquiler turístico ilegal en el término municipal de Palma.

El Ajuntament de Palma, por su parte, habilitará un espacio de trabajo dentro de la Oficina Integral de la Vivienda y Antiocupación, así como el material y el equipo informático necesarios para el desarrollo de estas tareas.

Este convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con la posibilidad de ser prorrogado por otros cuatro años adicionales, consolidando así una acción coordinada y sostenida en el tiempo contra el alojamiento turístico no regulado.

La iniciativa refuerza el compromiso institucional con un modelo turístico más justo y ordenado, que defienda la legalidad, proteja a los residentes y contribuya a mejorar la convivencia en los barrios de Palma.