Denuncian que la nueva ley territorial impulsada por PP y VOX supone el mayor ataque en décadas a la planificación urbanística racional y a la sostenibilidad de Baleares.

Palma. 18 de julio de 2025. El GOB Mallorca, junto a entidades vecinales y sociales, ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que no se acojan a las disposiciones de la nueva ley territorial de liberalización del suelo, aprobada el pasado 7 de julio por el Govern balear pero aún no publicada en el BOIB.

Desde el GOB alertan de que nos encontramos ante la normativa más agresiva en décadas contra el suelo rústico y la ordenación territorial, bajo el pretexto de la crisis de vivienda. Denuncian que permitirá urbanizar áreas de transición en suelo rústico sin agotar el suelo urbanizable, afectando potencialmente a más de 1.700 hectáreas en Palma y abriendo la puerta a un crecimiento de hasta 350.000 nuevos residentes. Barrios como Son Sardina, Son Espanyol, L’Hostalot o es Pil·larí podrían verse directamente perjudicados.

Reducción de garantías y amnistías urbanísticas

Entre los aspectos más preocupantes de la ley destacan:

• Eliminación de garantías ambientales como la evaluación estratégica ordinaria.
• Reducción de la participación ciudadana y aprobación automática por silencio administrativo.
• Amnistía de ilegalidades urbanísticas en la Serra de Tramuntana, pese al recurso admitido por el Tribunal Constitucional.
• Falsas promesas de vivienda asequible con promociones desde 300.000 euros.
• Ausencia de previsión en servicios básicos como movilidad, saneamiento o abastecimiento hídrico.

Nace la plataforma “Mallorca para vivir, no para especular”

Ante esta situación ha surgido la plataforma ciudadana “Mallorca para vivir, no para especular”, que ya se organiza en comisiones para detener la aplicación de la ley y defender un modelo territorial justo, sostenible y participativo.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma (Fed AAVV) ha solicitado formalmente que el Ayuntamiento de Palma no aplique esta norma mientras exista suelo urbano o urbanizable disponible, y que lo vote en el Pleno de septiembre. En la misma línea, el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) se ha posicionado públicamente a favor de proteger el suelo rústico.

Un posible nuevo recurso de inconstitucionalidad

El GOB también está llevando a cabo un análisis jurídico de la norma que podría derivar en un nuevo recurso de inconstitucionalidad, al considerar que vulnera derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la protección ambiental recogida en normativas europeas y estatales.

Desde la plataforma, se hace un llamamiento a la ciudadanía, entidades y municipios a movilizarse contra lo que califican como un “auténtico despropósito legislativo” que “sustituye la planificación por la especulación” y condena al territorio balear a la degradación ecológica y social.

Los interesados pueden adherirse al manifiesto en este enlace: https://forms.gle/r3C4MZX5eoEeWATi8