La presidenta del Govern defiende la sostenibilidad del litoral y anuncia que el Consell de Govern aprobará este viernes la respuesta jurídica a la nueva normativa estatal.

Palma, 28 de julio de 2025.– El Govern de les Illes Balears ha celebrado hoy una sesión extraordinaria de la Mesa Náutica, en el Club Náutico S’Arenal, para abordar la nueva normativa estatal que permite el alquiler turístico de embarcaciones privadas mediante un cambio temporal de uso. Durante la sesión, la presidenta Margalida Prohens ha anunciado que el próximo viernes el Consell de Govern aprobará una modificación del Decreto de chárter náutico que impedirá la aplicación de esta medida en el archipiélago.

«No permitiremos que se imponga un modelo que ignora nuestra realidad insular y que compromete la sostenibilidad ambiental y la seguridad marítima de nuestras aguas. En Balears, el alquiler turístico de embarcaciones privadas no tendrá cabida», ha afirmado Prohens.

La Resolución estatal del 22 de julio, publicada en el BOE, permite que embarcaciones de uso privado puedan operar como comerciales durante tres meses al año. El Govern considera que esta medida no puede aplicarse de manera homogénea en todo el Estado y que en Balears supone una amenaza a la capacidad de carga del litoral y a la seguridad portuaria.

Un modelo propio para el litoral balear

La modificación del decreto autonómico dejará claro que en las Illes Balears no se permitirá el alquiler de embarcaciones privadas mediante un cambio temporal de uso, manteniendo la restricción a aquellas que estén registradas exclusivamente para actividad comercial (sexta lista del registro marítimo).

La presidenta ha subrayado que esta decisión responde también a la necesidad de preservar el equilibrio entre el uso social y comercial de los amarres. En la actualidad, más de 7.000 personas están en lista de espera para disponer de un punto de amarre de uso social, y permitir un doble uso supondría, según el Govern, una “distorsión profunda” del sistema.

El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que la modificación reforzará la capacidad autonómica de ordenación de la actividad náutica, mientras que el director general de Puertos, Antoni Mercant, ha recordado que la medida responde a la demanda de patronales y clubes náuticos, que comparten el rechazo a una liberalización encubierta del sector.

Refuerzo de la regulación portuaria

De manera complementaria, Ports de les Illes Balears aprobó el pasado viernes una resolución que prohíbe expresamente el uso comercial de los amarres sociales, advirtiendo que cualquier incumplimiento será considerado una infracción grave que podrá conllevar la revocación inmediata de la autorización.

Además, se ha solicitado a las entidades concesionarias de los puertos en gestión indirecta que presenten, en un plazo de diez días, un informe detallado sobre la distribución de amarres según su uso.

Con estas acciones, el Govern busca consolidar un modelo propio de gestión del litoral, «más seguro, sostenible y socialmente justo», en palabras de Prohens, que ha reiterado que la comunidad seguirá defendiendo su autonomía en la ordenación de la actividad marítima.