La reducción, muy superior al objetivo inicial del 10 %, evidencia una gestión eficiente y beneficiará directamente a los ciudadanos.
Palma, 13 de noviembre de 2025. El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto la abstención de MÉS, una rebaja del 20,5 % en la tarifa del tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) para el ejercicio 2026. La disminución duplica el objetivo inicial del equipo de gobierno, que había fijado una reducción del 10 %.
La nueva tarifa de RCD será de 33,57 euros por tonelada, frente a los 42,23 euros establecidos para 2025, lo que supone una reducción del 21,51 %.
El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que esta medida «demuestra una gestión eficaz y un compromiso claro con aliviar los bolsillos de los ciudadanos». Bestard ha subrayado que «la Dirección Insular de Residuos ha realizado un gran esfuerzo para hacer posible esta importante rebaja, que beneficiará a miles de mallorquines».
Durante su intervención, ha señalado que este descenso significativo es posible gracias al incremento de residuos gestionados, con 744.000 toneladas de RCD tratadas el último año, una cifra récord y muy por encima de las 622.000 toneladas del ejercicio anterior.
Los residuos de construcción y demolición permiten un alto porcentaje de reciclaje y recuperación, contribuyendo a la economía circular y reduciendo la necesidad de materiales nuevos para las obras.
Reducción de otras tarifas para 2026
Junto a la bajada de la tarifa de escombros, el Pleno también ha aprobado reducciones en otras dos tarifas previstas en el contrato con la concesionaria MAC Insular:
- Residuos voluminosos (RV): bajan un 7 %, pasando de 178,15 €/tonelada a 165,58 €/tonelada.
- Residuos de neumáticos fuera de uso (PNFU): bajan un 8,72 %, quedando en 107,74 €/tonelada frente a los 118,03 € de 2025.
Estas medidas consolidan el compromiso del Consell de Mallorca con una gestión de residuos más eficiente, la contención de costes y la protección económica de los ciudadanos.
