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El alcalde de Palma impulsa la modificación de la Ley de Capitalidad para garantizar una financiación mínima anual de 60 millones

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La propuesta, que se elevará al pleno municipal en noviembre antes de su traslado al Parlament, busca un régimen “justo y eficiente” que duplique la aportación actual y compense el déficit acumulado de 152 millones entre 2016 y 2023.

Palma, 20 de noviembre de 2025. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentado este miércoles la propuesta de modificación de la Ley de Capitalidad con el objetivo de establecer un nuevo modelo de financiación para la ciudad, que garantice una aportación anual mínima de 60 millones de euros, el doble de la asignación actual. La iniciativa se elevará al pleno municipal del próximo 27 de noviembre antes de continuar su tramitación en el Parlament de les Illes Balears.

Martínez Llabrés ha recordado que la Ley de Capitalidad y el propio Estatuto de Autonomía facultan al Ajuntament de Palma para proponer modificaciones legislativas que afecten a su financiación. En este sentido, ha subrayado que “han pasado casi 20 años desde la aprobación de la ley y Palma ha cambiado sustancialmente como capital política, administrativa, económica y social de las Islas Baleares”.

El alcalde ha explicado que uno de los principales retos actuales es el demográfico: la población de Palma ha crecido más de un 27% en dos décadas, superando los 480.000 habitantes. A ello se suma el impacto directo de infraestructuras estatales ubicadas en la ciudad, como el aeropuerto y el puerto, por donde en 2024 llegaron 18 millones de turistas. “La presión sobre los servicios municipales es enorme y necesitamos una financiación adecuada para garantizar la calidad de vida de los palmesanos”, ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado que entre 2016 y 2023 Palma dejara de percibir más de 152 millones de euros previstos en la Ley de Capitalidad, lo que obligó al consistorio a asumir un esfuerzo presupuestario acumulado del 122% para mantener servicios e infraestructuras. En contraste, ha agradecido a la presidenta del Govern y al presidente del Consell de Mallorca su “compromiso absoluto” con la ciudad durante los dos últimos ejercicios.

Según la propuesta presentada, la aportación mínima anual se elevaría a 60 millones: 50 millones procedentes de la Comunidad Autónoma y 10 del Consell de Mallorca. Esta cuantía se actualizaría cada ejercicio en función del índice oficial de precios y de la evolución demográfica del municipio. “Este incremento permitirá sostener los servicios esenciales, mejorar infraestructuras y responder con garantías a las nuevas realidades sociales, económicas y demográficas de la capital balear”, ha explicado.

La modificación afecta también a otros apartados de la ley relacionados con competencias municipales. “Defendemos una iniciativa legislativa clara y necesaria para dotar a Palma de las herramientas que requiere para afrontar el futuro con estabilidad y justicia financiera”, ha señalado el alcalde, destacando que el objetivo final es “garantizar que Palma siga siendo una ciudad de oportunidades, servicios y bienestar para todos”.

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