El Ajuntament someterá a aprobación en el pleno de febrero la modificación del Plan General para bloquear nuevas autorizaciones y avanzar hacia un decrecimiento progresivo de las licencias existentes

Palma, 24 de enero de 2026. El Ajuntament de Palma llevará al pleno del próximo mes de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en todo el término municipal, una medida que se materializará mediante la modificación del Plan General y que supondrá el bloqueo definitivo de nuevas autorizaciones en cualquiera de sus modalidades.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, confirmó que el equipo de gobierno culmina estos días la tramitación urbanística necesaria para dar forma jurídica a una decisión anunciada públicamente el pasado mes de octubre. El objetivo es “poner negro sobre blanco” una política clara de contención del alquiler vacacional en la ciudad.

Actualmente, Palma cuenta con 639 viviendas de alquiler turístico legales, todas ellas en viviendas unifamiliares, ya que esta actividad está prohibida en edificios plurifamiliares. Estas licencias podrán seguir operando, pero no se concederá ninguna nueva, y además se establece un criterio de decrecimiento progresivo, de modo que las licencias que se den de baja no serán reemplazadas por otras nuevas. El veto se aplicará en todo el municipio y para todas las modalidades de alquiler turístico.

La modificación del Plan General deberá ser aprobada por el pleno municipal. El equipo de gobierno del Partido Popular gobierna en minoría, por lo que necesitará apoyos para sacar adelante la medida, aunque todo apunta a que contará con respaldo suficiente. A lo largo de la legislatura, Cort ha apoyado distintas iniciativas de la oposición orientadas a restringir o prohibir el alquiler turístico, tanto en pisos como en viviendas unifamiliares en zonas saturadas.

Desde el Ajuntament se reconoce que, pese al cerco a la oferta legal, Palma sigue soportando una elevada presión de alquiler turístico ilegal, principalmente en pisos. El propio alcalde cifró el pasado verano en unos 15.000 anuncios ilegales activos en la ciudad. No obstante, el consistorio destaca que los datos más recientes apuntan a una reducción significativa de esta oferta: según un informe de Exceltur, mientras que en 25 ciudades españolas la vivienda turística ilegal descendió un 3,7 %, en Palma la reducción alcanzó el 17,4 %.

El Ajuntament atribuye esta evolución a un refuerzo de los controles urbanísticos y policiales, así como a la colaboración del Consell de Mallorca, que aporta inspectores a través de la Oficina de Atención Integral a la Vivienda y Antiocupación. Asimismo, Cort ha detectado la existencia de licencias dadas de alta mediante declaraciones responsables que podrían no cumplir los requisitos exigidos en su momento, cuya inspección corresponde a la institución insular.

La prohibición de nuevas plazas de alquiler vacacional se enmarca en una estrategia más amplia contra la masificación turística, que incluye también el veto a nuevas plazas de albergues juveniles, la petición a la Autoridad Portuaria de Baleares para prohibir las party boats en el Passeig Marítim y la fijación de límites al tamaño de los grupos turísticos con guía en el centro histórico.

Con este paso, el Ajuntament de Palma refuerza su apuesta por priorizar el uso residencial de la vivienda y contener el impacto del turismo sobre la vida cotidiana de los barrios de la ciudad.