El expediente se ha tramitado en aproximadamente un mes, frente a los 9-12 meses que marca actualmente la media de concesión de licencias urbanísticas en la ciudad.

Palma, 17 de febrero de 2026. La Gerencia de Urbanismo del Ajuntament de Palma ha concedido este martes la primera licencia urbanística en la ciudad tramitada con intervención de una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU), una fórmula que ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de espera.

El teniente de alcalde de Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, ha destacado en rueda de prensa que se trata de “un paso importante en el proceso de modernización y agilización administrativa impulsado para reducir plazos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.

La implantación de esta figura es posible gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern de les Illes Balears, que habilita a los ayuntamientos a incorporar este instrumento de colaboración público-privada. En aplicación de este marco normativo, el consistorio palmesano ha podido poner en marcha esta vía alternativa de tramitación.

La licencia concedida corresponde a una nueva construcción y se ha gestionado en un plazo aproximado de un mes. Actualmente, el plazo medio de concesión de licencias urbanísticas en Palma se sitúa entre 9 y 12 meses, una vez que la documentación está completa.

Según ha subrayado Fidalgo, “estamos ante una reducción muy significativa de los tiempos de tramitación”, recordando que el plazo general para las licencias tramitadas mediante ECU oscila entre uno y tres meses.

Las ECU son entidades privadas habilitadas para colaborar con la administración en la verificación técnica de los proyectos. Emiten certificados de conformidad urbanística que son asumidos por el Ajuntament e incorporados al expediente administrativo. No obstante, la decisión final de otorgar o denegar la licencia sigue siendo competencia exclusivamente municipal.

Esta medida se suma a otras iniciativas ya implementadas por el Consistorio para agilizar los procedimientos urbanísticos, como la eliminación de la cita previa, la implantación del visor de Urbanismo o la reciente modificación del Plan General, que ha permitido desbloquear proyectos condicionados hasta ahora a la finalización de la EDAR II.