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CAEB propone eliminar el impuesto de actos jurídicos para facilitar el acceso a vivienda asequible en Baleares

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La patronal plantea rebajar al 0 % el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las operaciones vinculadas a Viviendas de Precio Limitado para reducir el coste de compra a jóvenes y familias residentes.

Palma, 16 de marzo de 2026. La Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB ha presentado una propuesta de enmienda al Decreto Ley 8/2025 de Aceleración de Proyectos Estratégicos (UAPE) con el objetivo de reducir la carga fiscal vinculada a la promoción y compra de vivienda asequible en Baleares.

La iniciativa, impulsada a instancias de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), plantea rebajar al 0 % el tipo impositivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en todas las operaciones relacionadas con las Viviendas de Precio Limitado (VPL). Actualmente este impuesto grava con un 1,5 % las operaciones formalizadas mediante escritura pública, lo que supone un coste añadido para los compradores.

Según los promotores de la propuesta, esta medida permitiría equiparar fiscalmente las Viviendas de Precio Limitado a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ya cuentan con exención en este impuesto. Para los compradores —principalmente jóvenes y familias residentes en Baleares desde hace más de cinco años— la reducción del impuesto podría suponer un ahorro estimado de entre 3.000 y 6.000 euros solo en la escritura pública de compraventa.

Desde CAEB consideran que esta medida no solo facilitaría el acceso a la vivienda, sino que también incentivaría al sector privado a promover más vivienda asequible, contribuyendo a aliviar la actual presión del mercado inmobiliario en las Islas.

Reducción fiscal en suelo, construcción y compra

La enmienda contempla dos posibles fórmulas técnicas para aplicar la medida: una bonificación del 100 % del impuesto o la aplicación directa de un tipo del 0 %. Esta reducción afectaría a diversas operaciones vinculadas al desarrollo de viviendas de precio limitado.

Entre ellas se incluyen la adquisición de suelo o solares destinados a este tipo de vivienda, la formalización de préstamos hipotecarios asociados a esa adquisición, las escrituras públicas vinculadas a la construcción de edificios bajo el régimen de VPL y también la primera transmisión de estas viviendas y las hipotecas constituidas para su compra por parte de los compradores que cumplan los requisitos establecidos.

Condiciones para garantizar la ejecución de los proyectos

Para asegurar que el beneficio fiscal se traduzca en vivienda real en el mercado, la propuesta establece condiciones estrictas de cumplimiento. Entre ellas, se fija que la bonificación o reducción del impuesto quedará sin efecto si no se obtiene la licencia de obra en un plazo máximo de tres años, ampliable a cuatro en el caso de terrenos destinados a la promoción.

Además, las Viviendas de Precio Limitado deberán estar registradas en la Dirección General de Vivienda y cumplir con los parámetros oficiales relativos a precio máximo, superficie y demás requisitos legales establecidos para este tipo de vivienda protegida.

Reducir la presión fiscal sobre la vivienda

El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB y de PROINBA, Óscar Carreras, ha recordado que la carga impositiva representa actualmente alrededor del 23 % del coste final de una vivienda para el comprador. En este sentido, ha defendido la necesidad de reducir esta presión fiscal.

La vivienda es un bien de primera necesidad y, en el contexto de emergencia habitacional que vive el país, se debe rebajar la carga fiscal que soporta el ciudadano”, ha señalado Carreras, quien también ha reiterado la petición de que el IVA de la vivienda se reduzca al 4 % o menos, una medida que depende del Gobierno central.

En paralelo, ha explicado que la propuesta presentada busca que la Comunidad Autónoma utilice sus competencias fiscales para equiparar las Viviendas de Precio Limitado —una figura propia del territorio balear— con las viviendas de protección oficial, creando además un marco que incentive a los promotores privados a apostar por este modelo de vivienda asequible en las Islas.

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