Los socialistas alertan de que la cesión de suelo público a promotores privados puede dejar fuera a la población trabajadora

Palma, 9 de abril de 2026. El PSOE Palma ha denunciado la falta de control público en el proceso de adjudicación de viviendas de precio limitado impulsadas por el Ajuntament de Palma, alertando de que el modelo actual podría derivar en situaciones similares a las registradas en otras ciudades españolas.

Críticas al modelo de adjudicación

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha señalado que la administración ha cedido suelo público a promotores privados, quienes serán los encargados de decidir los adjudicatarios de las viviendas sin supervisión directa. “La Administración cede y los promotores deciden”, ha afirmado, cuestionando la falta de garantías para que estas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Desde el PSOE Palma advierten de que no existen criterios claros de renta ni mecanismos de control que aseguren que los beneficiarios se ajustan al perfil de población con dificultades de acceso a la vivienda. En este sentido, han recordado casos recientes en ciudades como Alicante o Málaga, donde, según denuncian, promociones de vivienda protegida han acabado en manos de perfiles con ingresos elevados o vinculados a cargos públicos.

Preocupación por el acceso a la vivienda

Los socialistas consideran que este modelo no contribuye a resolver el principal problema de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna. Según han expuesto, la cesión de dos solares durante 75 años a empresas privadas podría generar beneficios cercanos a los 170 millones de euros, sin garantizar un retorno social adecuado.

Negueruela ha subrayado que este tipo de operaciones “no favorecen a la gente trabajadora de estas islas” y ha insistido en la necesidad de replantear el sistema.

Exigen cambios y mayor transparencia

El PSOE Palma reclama introducir mecanismos de control público, establecer requisitos claros de acceso y modificar la normativa vigente para asegurar una adjudicación justa. Entre las propuestas planteadas, destacan que sea la administración quien gestione directamente el acceso a las viviendas o que se recurra a fórmulas como la cesión de suelo al IBAVI.

La formación concluye que, sin estos cambios, existe el riesgo de que las promociones de vivienda de precio limitado no cumplan su objetivo social y queden alejadas de las necesidades reales de la población.