El alcalde trasladará la situación a la FEMP y reclama al Gobierno más recursos ante un proceso “inasumible” para los servicios municipales
Palma, 24 de abril de 2026. El Ajuntament de Palma ha advertido de una situación de saturación en sus servicios tras superar las 4.700 solicitudes de informes de vulnerabilidad en apenas una semana desde el inicio del proceso extraordinario de regularización.
Desde el pasado 16 de abril, las Oficinas de Atención a la Ciudadanía han atendido a más de 6.000 personas, la mayoría relacionadas con este procedimiento, a lo que se suman 91 expedientes previos aún pendientes. El consistorio subraya que cada uno de estos informes requiere una valoración técnica individualizada por parte de los servicios sociales, lo que incrementa notablemente la carga de trabajo.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha señalado que la situación es de “colapso” no solo en Palma, sino en muchos ayuntamientos, especialmente en grandes ciudades. En este sentido, ha criticado que las administraciones locales están “sufriendo la improvisación por parte del Gobierno de España en un proceso decidido de forma unilateral, sin planificación y sin dotación de los recursos necesarios”.
Reclamación de apoyo estatal y financiación urgente
El primer edil trasladará esta situación a la Junta de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que forma parte, donde se abordará el impacto del proceso en las administraciones locales. Desde esta entidad ya se ha reclamado al Ejecutivo central financiación extraordinaria para hacer frente al aumento de la demanda.
Según ha destacado el consistorio, mientras que las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado han recibido refuerzos, no se ha previsto un apoyo equivalente para los ayuntamientos, que están asumiendo la atención directa a la ciudadanía y la tramitación de los informes.
Además, el Ajuntament de Palma lamenta que el procedimiento haya ido modificándose sobre la marcha por parte del Gobierno de España, lo que evidencia, a su juicio, una falta de planificación inicial.
Ante este escenario, el alcalde ha insistido en que la carga de trabajo es “excepcional e inasumible” y ha exigido la habilitación urgente de medios y recursos que permitan garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.
