El Ajuntament remitirá ahora el expediente al juzgado para solicitar el desalojo forzoso tras finalizar el plazo voluntario de abandono del recinto.
Palma, 21 de mayo de 2026. El Ajuntament de Palma ha trasladado este jueves al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que si el Bisbat dispone de recursos de alojamiento para las personas que todavía permanecen en la antigua prisión de Palma, los habilite “mañana mismo”, una vez finalizado este jueves el periodo voluntario para abandonar el recinto.
Así lo ha manifestado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, quien ha recordado que el consistorio notificó presencialmente a 101 ocupantes y publicó en el BOE la notificación correspondiente a otras 107 personas incluidas en el expediente que no pudieron ser localizadas tras dos intentos de comunicación presencial. Todos ellos disponían de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente las instalaciones.
Tras agotarse este plazo, el Ajuntament remitirá ahora el expediente al juzgado competente para solicitar la ejecución del desalojo forzoso.
Riesgo de incendio y peligro para las personas residentes
El proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión fue iniciado por el Ajuntament el pasado 27 de febrero después de diversos informes técnicos y de seguridad que alertaban de un grave riesgo de incendio y del peligro para la integridad física de las personas que residen en el interior del recinto.
Desde entonces, y gracias también al control permanente de accesos establecido por la Policía Local, cerca de un centenar de personas han abandonado voluntariamente las instalaciones. Actualmente, el consistorio calcula que todavía existe aproximadamente un centenar de personas con entradas y salidas habituales del recinto.
Recursos sociales y coordinación con el IMAS
Durante todo el procedimiento, los servicios sociales municipales han mantenido la atención y el acompañamiento a las personas ocupantes en coordinación con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
Como resultado de este trabajo conjunto, 45 personas han sido derivadas a distintos recursos sociales y de acogida, incluidos programas de inserción social y laboral y centros temporales gestionados por el IMAS.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha remitido además una carta formal al obispo de Mallorca solicitando la colaboración del Bisbat ante el inminente proceso judicial de desalojo.
