La convocatoria beneficiará a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las mancomunidades y la entidad local de Palmanyola para modernizar sus servicios digitales.

Palma, 26 de julio de 2026. El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, ha aprobado una convocatoria de subvenciones dotada con 1.241.000 euros destinada a impulsar proyectos de administración electrónica, digitalización y ciberseguridad en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las mancomunidades y la entidad local menor de Palmanyola.

La dotación económica supone un incremento del 10,6 % respecto a la convocatoria del año anterior.

Ayudas para 46 municipios y cinco mancomunidades

La convocatoria contempla una asignación fija de 24.400 euros para cada uno de los 46 municipios de Mallorca con menos de 20.000 habitantes, así como para la entidad local de Palmanyola.

Además, cada una de las cinco mancomunidades de la isla —Raiguer, Migjorn, Nord, Pla de Mallorca y Tramuntana— recibirá 18.840 euros.

Según la consejera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, estas ayudas buscan reforzar el apoyo al municipalismo y facilitar que las administraciones locales dispongan de herramientas tecnológicas más modernas y seguras.

Dos líneas de financiación

La convocatoria se divide en dos programas.

La primera línea, dotada con 680.000 euros, financiará gastos corrientes relacionados con la administración electrónica, como programas de gestión de expedientes, licencias para el mantenimiento de líneas de datos o servicios de almacenamiento de archivos en la nube.

La segunda línea cuenta con un presupuesto de 561.000 euros y está destinada a actuaciones de inversión, entre ellas la adquisición de equipos informáticos, la instalación de sistemas de videoactas para modernizar la grabación de los plenos municipales o la mejora del cableado eléctrico y de las redes de datos.

Con esta convocatoria, el Consell de Mallorca pretende seguir avanzando en la transformación digital de las administraciones locales y mejorar la seguridad y la eficiencia de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía.