La entidad ecologista considera insostenible esta operación, que prevé incinerar en Son Reus miles de toneladas de residuos de las Pitiusas con financiación pública.

Palma, jueves 4 de septiembre de 2025. El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha registrado hoy una solicitud formal para acceder al expediente completo relativo al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, confirmado recientemente por el Consell Insular de Mallorca. La petición incluye los informes técnicos y jurídicos, así como los convenios y acuerdos que sustentan la decisión, en virtud del derecho de acceso a la información pública y ambiental.

El GOB considera que la operación, que cuenta con el respaldo de 50 millones de euros de fondos públicos, resulta totalmente insostenible, ya que traslada el problema de gestión de residuos de una isla a otra. La posible importación masiva de residuos de Ibiza y Formentera para su incineración en la planta de Son Reus ha generado preocupación en entidades ecologistas y vecinales. El pasado 15 de julio, el GOB y la Asociación de Vecinos de Son Sardina celebraron una reunión para coordinar respuestas ante lo que califican como una grave amenaza ambiental y social.

Según los datos aportados por la organización, Ibiza y Formentera producen anualmente unas 125.000 toneladas de residuos, de las que el 70% corresponde a rechazo que acaba en el vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulàlia.

Argumentos en contra de la incineración en Mallorca

El GOB advierte de que incrementar la actividad de Son Reus no es una solución viable por varias razones:

• Retroceso ambiental: contradice la jerarquía de residuos establecida por la Unión Europea, que prioriza reducción, reutilización y reciclaje antes que la incineración.
• Impacto sanitario y climático: la incineración produce emisiones contaminantes y residuos tóxicos (cenizas y escorias), que en un 30% terminan igualmente en vertedero, acortando su vida útil prevista hasta 2034.
• Modelo de gestión cuestionado: perpetúa la dependencia de la concesionaria TIRME en lugar de apostar por una gestión local e insularizada de los residuos.
• Contradicción con la economía circular: transmite a la ciudadanía la idea errónea de que los residuos pueden desaparecer trasladándolos a otra isla, desincentivando así el compromiso colectivo.

El GOB reclama la máxima transparencia y que toda la información vinculada a esta operación sea accesible para la sociedad, al tratarse de una decisión con consecuencias ambientales y económicas de gran envergadura.