El aumento de inspecciones ha llevado a la incoación de 153 expedientes sancionadores y multas por un total de 462.200 euros.
Palma, 30 de diciembre de 2024.- El Govern de les Illes Balears, a través de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, ha reforzado en 2024 sus esfuerzos para combatir las actividades ilegales relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo. Este año se han incoado 153 expedientes sancionadores, con un importe total de 462.200 euros en sanciones, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Resultados de las inspecciones
De los expedientes sancionadores:
- 64 corresponden a infracciones leves.
- 89 han sido clasificadas como graves.
Hasta la fecha, 65 expedientes han sido finalizados, mientras que los 88 restantes se encuentran en diferentes fases de tramitación.
Las sanciones abarcan tanto actividades de alquiler de embarcaciones sin los requisitos legales como el incumplimiento de otras normativas, incluyendo el fondeo en zonas protegidas o no autorizadas.
Incremento respecto a años anteriores
El año 2024 ha marcado un notable aumento respecto a 2023, cuando se incoaron 109 expedientes sancionadores con sanciones por un valor total de 125.020 euros. Este crecimiento refleja una tendencia ascendente en los últimos cinco años, consolidando este año como el más activo en términos de control y sanción de actividades náuticas ilegales.
Colaboración con la Guardia Civil
La campaña de 2024 es el cuarto ejercicio consecutivo en el que la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo colabora estrechamente con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Esta cooperación ha sido clave para:
- Detectar y sancionar el alquiler de embarcaciones que no cumplen con los requisitos legales.
- Prevenir infracciones relacionadas con el fondeo en áreas protegidas.
- Garantizar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente en las aguas de las Illes Balears.
Compromiso con la seguridad y el medio ambiente
El director general de Puertos y Transporte Marítimo ha destacado que esta campaña forma parte del compromiso del Govern para «erradicar las prácticas ilegales que ponen en riesgo tanto la seguridad de los usuarios como la sostenibilidad del entorno marino».
Con este enfoque proactivo, el Govern reafirma su voluntad de proteger las aguas baleares y garantizar que las actividades náuticas se realicen de forma legal y respetuosa con el medio ambiente.
