Las 98.316 interrupciones registradas el año pasado fueron realizadas en un total de 222 centros autorizados y el 73% se produjo antes de la octava semana de gestación

El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España durante 2022 aumentó un 9,01% respecto al año anterior, llegando a registrarse un total de 98.316 IVE.

Según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro, la tasa de IVE en 2022 fue de 11,68 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los frente a los 10,70 de 2021.

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad apunta que este dato es acorde con las fluctuaciones de las tasas entre el 10 y el 12 por mil de los últimos años, y una vez terminada la pandemia se ajustan a los parámetros de la última década.

222 centros autorizados
Como indica el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo.

Así, el 73,04% se registró antes de la octava semana de gestación; mientras que otro 21,9% se produjo entre las ocho y las 14 semanas. En suma, el 94,94% de las IVE tuvieron lugar sin tener que ser informadas por ningún facultativo, con la única decisión de la mujer.

Las 98.316 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 222 centros autorizados en todo el territorio nacional, el 82,70% de ellos centros derivados (concertados o no) y el 17,02% centros públicos.

En cuanto a la edad de las mujeres, las menores de 20 años representan el 10,61% del total. El 41,28% de ellas declararon no usar ningún método anticonceptivo.

El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones para prevenir los embarazos no deseados y la planificación familiar.

Sanidad tiene el firme propósito de seguir garantizando el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud, haciendo especial mención al trabajo de todos los profesionales dentro y fuera del sistema, a favor de la salud y seguridad de las mujeres.