La explotación, con más de 135.000 gallinas, deberá presentar un plan para rebajar su número máximo a 40.000 antes del 31 de diciembre de 2025, tras la desestimación de su autorización ambiental integrada.
Palma, 15 de agosto de 2025. La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern de les Illes Balears ha resuelto desestimar la solicitud de autorización ambiental integrada de la granja de gallinas ponedoras Ses Cisternes, en Llucmajor, y ha ordenado que su capacidad se reduzca drásticamente: de las más de 135.000 plazas actuales a un máximo de 40.000 antes de final de año.
La decisión se suma a la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida el pasado mes de julio, que ya advertía de los impactos adversos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. Entre las afecciones detectadas, el informe técnico menciona emisiones de partículas y olores, proliferación de plagas, lixiviados del estercolero con riesgo de contaminación por nitratos y cloruros de los acuíferos, así como posibles daños a los ecosistemas de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Balsa de Son Verí de Marina.
Denuncias vecinales y sanciones previas
La empresa promotora había solicitado legalizar sus instalaciones para mantener la capacidad actual y ampliarla hasta 160.000 plazas, pese a que la explotación ya operaba con siete naves, un estercolero y edificios auxiliares sin contar con la autorización ambiental necesaria. La tramitación se inició tras sanciones impuestas por el Govern a raíz de denuncias vecinales, que alertaban de las molestias y riesgos para el entorno.
Informes técnicos y normativa agraria
En el expediente constan dos informes vinculantes desfavorables emitidos por los servicios de Producción Ganadera y de Cambio Climático y Atmósfera. También se señala el incumplimiento de las distancias mínimas al núcleo urbano más próximo, establecidas en la Ley Agraria de las Illes Balears.
La resolución determina que la empresa debe presentar de inmediato a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural un plan verificable de reducción de plazas para llegar al máximo de 40.000 gallinas, y una copia a la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental. Asimismo, tendrá que tramitar todas las autorizaciones que actualmente no posee, como la de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA).
Un caso con relevancia medioambiental
El Govern subraya que la medida busca prevenir la contaminación, reducir la presión sobre los recursos hídricos y proteger el medio natural. El caso Ses Cisternes se convierte así en un ejemplo de la aplicación estricta de la normativa ambiental y de la nueva Ley 2/2025, que endurece los requisitos para explotaciones ganaderas intensivas en las Illes Balears.
