El Consell de Mallorca propone ejecutar la sentencia judicial que protege el monolito de Sa Feixina e incluir el monumento al listado de Bienes Ausiados. La Comisión de Patrimonio Histórico de la institución insular ha sugerido hoy mañana llevar al plenario del mes de octubre la protección del monumento, tal y como estableció la justicia en la sentencia núm. 94/2020, de 27 de febrero de 2020, del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma.

La protección del monolito de Sa Feixina de Palma la decidió, en primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Palma mediante la sentencia 94/2020, de 27 de febrero, y también lo estableció el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares mediante la sentencia núm. 312/2021, de 26 de junio de 2021. Además, estas decisiones quedaron ratificadas el 6 de octubre de 2022, cuando el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso interpuesto contra las sentencias anteriores presentadas por la Asociación de Memoria Histórica y el anterior equipo de gobierno del Consell de Mallorca, presidido por el PSOE, Més y Podemos.

De este modo, y con sentencia firme, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico considera que debe ejecutarse la sentencia en el próximo plenario del Consell de Mallorca, que es el órgano encargado de hacerlo, y que se haga efectiva la protección que se ha dictado judicialmente al incluir el monumento al listado de Bienes Ausiados, ya que está debidamente adaptado a la normativa.

Por tanto, en el próximo plenario del Consell de Mallorca, día 19 de octubre de 2023, se votará la petición de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Si la iniciativa sale adelante, se deberá notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Palma, al Gobierno de las Islas Baleares y al resto de interesados en el procedimiento; deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y, finalmente, se anotará en el Catálogo Insular del Patrimonio Histórico de Mallorca y en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, destaca que esta no es una decisión política, sino que asegura que se trata de una medida judicial que la institución debe cumplir. Además, recuerda que «el monumento fue recontextualizado en el año 2010 por el gobierno municipal de la socialista Aina Calvo y ya se adaptó a la ley de memoria histórica con un importante gasto por las arcas públicas». Además, insiste en que el Tribunal Supremo es el órgano de mayor rango del Poder Judicial y recuerda que el recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional no exime a la institución de acatar la sentencia.