El operativo municipal busca reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad en un edificio que acumula más de 300 intervenciones policiales y de emergencias desde el inicio de la legislatura.

Palma, 11 de marzo de 2026. El Ajuntament de Palma ha retirado 71,5 toneladas de residuos (71.579 kilos) acumulados en diferentes zonas de la antigua prisión de Palma, en el marco de un dispositivo intensivo de limpieza desarrollado durante tres jornadas de trabajo.

Las labores, ejecutadas por la empresa municipal EMAYA, responden a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de las personas que ocupan el recinto como de los servicios de emergencia que intervienen habitualmente en el interior del edificio.

Un edificio con alto riesgo de incendio

Los informes técnicos municipales alertan de un elevado riesgo de incendio, provocado tanto por la configuración del inmueble —diseñado originalmente para dificultar las evacuaciones— como por el aumento de fuegos registrados en su interior, muchos de ellos intencionados, y por la acumulación de residuos.

A esta situación se suman problemas de insalubridad y falta de higiene, derivados de la gran cantidad de basura almacenada en diferentes áreas del recinto.

En el dispositivo de limpieza participaron nueve operarios, apoyados por cuatro camiones de 26 toneladas de capacidad, además de una retroexcavadora giratoria, una pala mixta de neumáticos y un camión tráiler articulado con plataforma.

Contenedores instalados pero sin uso

Como parte de las actuaciones municipales, el Ayuntamiento instaló el pasado miércoles dos contenedores en el exterior del recinto, tras una petición realizada por algunos residentes durante el pleno municipal de febrero.

Sin embargo, una semana después de su colocación, los contenedores permanecen completamente vacíos, sin que se hayan depositado residuos por parte de los ocupantes del edificio.

Pelea entre ocupantes y un nuevo incendio

Durante la pasada noche, la Policía Local de Palma intervino en una pelea entre dos ocupantes del recinto, que fueron identificados por un delito de amenazas.

Además, los Bomberos de Palma actuaron para extinguir un pequeño incendio registrado en el interior del inmueble.

Llamamiento a la responsabilidad y colaboración social

Ante la protesta convocada contra el desalojo del recinto y la creación de una denominada “caja de resistencia”, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha defendido que la actuación municipal responde exclusivamente a criterios de seguridad y responsabilidad institucional.

Bonet ha advertido que animar a las personas que ocupan el edificio a permanecer en él o promover acciones que puedan derivar en actos incívicos supone “una tremenda irresponsabilidad”, debido al riesgo real que existe en el inmueble.

Asimismo, el Ayuntamiento ha rechazado que la actuación municipal tenga motivaciones discriminatorias o de criminalización de la pobreza, subrayando que su objetivo es garantizar la seguridad tanto de los ocupantes como de los servicios de emergencia.

Más de 300 intervenciones en la antigua prisión

Desde el inicio de la legislatura se han registrado más de 300 actuaciones en el recinto y su entorno.

En concreto, los Bomberos de Palma realizaron 16 intervenciones en 2024 y 49 en 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se han contabilizado una docena de actuaciones, incluyendo el rescate de cuatro personas el pasado 21 de febrero.

Por su parte, la Policía Local ha llevado a cabo 263 intervenciones dentro del recinto hasta finales de febrero, además de 71 actuaciones en las calles adyacentes.

Entre las últimas actuaciones destacan detenciones, intentos frustrados de acceso al edificio, incendios provocados, peleas entre ocupantes y trabajos de apuntalamiento y sellado de accesos, en un contexto de creciente conflictividad en el interior de la antigua prisión.

El Ayuntamiento ha reiterado su disposición a colaborar con entidades sociales, el Consell de Mallorca, el Govern balear y la Delegación del Gobierno para encontrar soluciones habitacionales para las personas que actualmente residen en el recinto, siempre dentro del marco legal y competencial correspondiente.