La reducción, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, permitirá aliviar el coste para la ciudadanía tras la aprobación del decreto ley que da cobertura al traslado de residuos de Eivissa.

Palma, 27 de diciembre de 2025. El Consell de Mallorca reducirá la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) un 10 % en el año 2026, con efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Esta medida será posible tras la convalidación, el pasado 16 de diciembre, del Decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos en el Parlament de les Illes Balears, que da cobertura legal al programa piloto de traslado de residuos de Eivissa, concretamente de la fracción de rechazo.

El decreto establece, además, una subvención del Govern de les Illes Balears al Consell de Mallorca como administración receptora de residuos, ya sea de forma directa o indirecta mediante la amortización de inversiones realizadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de Mallorca. Esta aportación asciende a 50 millones de euros, que se distribuirán a lo largo de diez años.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que “con esta rebaja cumplimos con nuestro compromiso de reducir la tarifa de residuos y proteger el bolsillo de los ciudadanos de Mallorca”. Galmés ha subrayado que “mientras en la mayor parte del país se afrontará una subida generalizada de la tasa de residuos por una ley estatal de 2022, en Mallorca no solo hemos congelado esa subida, sino que a partir del próximo año reducimos la tarifa en un 10 %”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha señalado que “para este equipo de gobierno es fundamental cumplir con la palabra dada” y ha remarcado que el trabajo del departamento se orienta a “mejorar el día a día de los ciudadanos”. En este sentido, ha valorado positivamente que la rebaja de la tarifa “suponga un alivio directo para los mallorquines”.

Con esta decisión, el Consell de Mallorca refuerza su apuesta por una gestión eficiente de los residuos y por medidas que tengan un impacto directo en la economía doméstica, en un contexto marcado por el aumento generalizado de costes en otros territorios.