El procedimiento, que desarrolla la Ley de simplificación administrativa, permitirá regularizar edificaciones cuya infracción haya prescrito y que no pueden ser sancionadas ni demolidas.

Palma, 13 de febrero de 2025.- El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves, por segunda vez, el procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico fuera de ordenación cuya infracción ya haya prescrito. Esta medida responde a la necesidad de adaptar la normativa insular a la modificación de la disposición adicional séptima de la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa, aprobada por el Parlament de les Illes Balears.

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicado que esta nueva aprobación responde a la actualización de la normativa autonómica y que la adaptación al nuevo régimen jurídico es “un acuerdo beneficioso para los intereses de Mallorca”. Según ha detallado, esta legalización afectará a viviendas en las que la infracción ha prescrito, por lo que no pueden ser objeto de un expediente sancionador ni ser demolidas.

El procedimiento establece que los propietarios deberán presentar un proyecto técnico de legalización, solicitar la licencia correspondiente y cumplir con una serie de requisitos ambientales, como reducir la contaminación lumínica, mejorar la eficiencia energética e instalar sistemas de depuración de agua. Además, deberán abonar las tasas correspondientes y una prestación económica a su ayuntamiento, fondos que deberán destinarse obligatoriamente a la protección y gestión sostenible de espacios naturales o a la adquisición de suelo para el patrimonio municipal.

El conseller Rubio ha subrayado que esta medida no afecta a los expedientes abiertos por la Agencia de Defensa del Territorio, que continuarán su curso según lo previsto. Asimismo, ha señalado que los ayuntamientos serán los encargados de resolver las solicitudes presentadas entre el 20 de junio y el 14 de diciembre de 2024, sin que los solicitantes deban volver a presentar la documentación ya tramitada. Además, los consistorios podrán establecer criterios de integración paisajística y armonización en el proceso de regularización.