La entidad ecologista alerta de un colapso territorial, ecológico y social si se aprueba el texto el 7 de julio en el Parlament
Palma, 5 de julio de 2025. El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciado este viernes una “estrategia deliberada de liberalización del suelo” por parte del Govern balear, encabezado por PP y Vox, a través de la futura Ley para la obtención de suelo que el Parlament prevé aprobar el próximo lunes, 7 de julio. Según la entidad, esta normativa supone “la aceleración definitiva de la destrucción del suelo rústico” en las Islas y tendría efectos irreversibles sobre el territorio, los recursos naturales y la capacidad de las Baleares para hacer frente a la crisis climática.
El GOB advierte que esta ley no es un hecho aislado, sino parte de una acumulación normativa que comparte un patrón común: desregulación del suelo rústico, instrumentalización de la crisis de la vivienda en favor de intereses especulativos, debilitamiento del urbanismo y la participación ciudadana, y subordinación del bien común al beneficio privado.
Un modelo insostenible y de alto impacto
Según la organización ecologista, la nueva normativa permitiría urbanizar suelo rústico incluso en municipios con más de 20.000 habitantes sin haber agotado las posibilidades de crecimiento sobre suelo urbano o urbanizable, lo que dispararía el número de nuevas viviendas potenciales en el archipiélago. Se estima que el conjunto de las nuevas normas impulsadas por el Ejecutivo podrían generar hasta un millón de nuevas plazas residenciales, lo que implicaría un aumento de población completamente inasumible para los recursos hídricos, energéticos y naturales de las Islas.
Además, recalcan que medidas como las “viviendas a precio limitado” no responden al drama real de acceso a la vivienda, ya que siguen teniendo precios superiores a los 250.000 euros, lejos del alcance de las rentas medias locales.
Pérdida de territorio y amenaza ecológica
El GOB también advierte de que la expansión urbanística sobre suelo rústico supone una pérdida directa de suelos agrícolas, forestales y hábitats de alto valor ecológico. En palabras de la entidad: “la urbanización dispersa destruye corredores ecológicos, agrava la sequía, reduce la soberanía alimentaria y debilita los ecosistemas mediterráneos”.
Asimismo, recuerdan que Palma ya no dispone de agua suficiente para asumir otras 20.000 viviendas más, mientras que municipios como Marratxí, Llucmajor o Calvià tienen acuíferos sobreexplotados y dependen de desaladoras de alto coste energético y ambiental.
Una amenaza a la Serra de Tramuntana
Entre las modificaciones más preocupantes de la ley, el GOB destaca la posibilidad de legalizar construcciones ilegales incluso en espacios protegidos como el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, donde hasta ahora las infracciones urbanísticas no prescribían por tratarse de suelo rústico protegido.
Una movilización para frenar la ley
Ante este escenario, el GOB hace un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse el 7 de julio para frenar lo que consideran “una bomba territorial, urbanística y demográfica” que pone en peligro el futuro ecológico y social del archipiélago. “Nos jugamos demasiado”, afirman, al tiempo que invitan a seguir las acciones y convocatorias a través de sus redes sociales.
