El Ajuntament advierte del riesgo real de incendios y conflictividad en el recinto y pide colaboración para encontrar soluciones habitacionales.
Palma, 4 de marzo de 2026. El Ajuntament de Palma ha condenado las manifestaciones realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en las que se anima a los ocupantes de la antigua prisión de Palma a resistir el proceso de desalojo impulsado por el consistorio.
El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha calificado estas declaraciones de “irresponsabilidad absoluta”, al considerar que animar a permanecer en el recinto supone ignorar los informes técnicos que alertan de los riesgos existentes. “Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas”, ha afirmado.
Según el Ayuntamiento, el procedimiento de recuperación posesoria del antiguo recinto penitenciario se ha iniciado con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que residen en su interior, ante el incremento de incidentes registrados en los últimos meses.
Informes técnicos alertan de riesgos graves
Los informes elaborados por Bomberos de Palma, Policía Local y Urbanismo advierten de un riesgo creciente tanto para los residentes como para los servicios de emergencia. Entre los principales problemas detectados figuran la acumulación de basura y residuos, que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas, así como un elevado riesgo de incendio.
El Consistorio ha recordado que el diseño del antiguo edificio penitenciario, con numerosos espacios compartimentados, dificulta las evacuaciones y complica la intervención de los equipos de emergencia.
Desde el inicio de la legislatura, la Policía Local ha realizado cerca de 270 actuaciones en el recinto, muchas de ellas fuera de sus competencias habituales. A estas intervenciones se suman aproximadamente 80 actuaciones de los bomberos, con 49 registradas en 2025 y más de una decena en lo que va de 2026.
Respuesta a las críticas de entidades sociales
El Ayuntamiento también ha respondido al comunicado de la red EAPN Baleares, que cuestionaba la urgencia del desalojo. Bonet ha reiterado que la actuación municipal responde a criterios técnicos y legales vinculados a la seguridad del inmueble.
Asimismo, ha rechazado las comparaciones con conflictos bélicos realizadas en algunos comunicados. “Comparar la situación de la antigua cárcel con un conflicto como el de Ucrania es absolutamente inadecuado”, ha señalado.
El consistorio ha explicado que, tras un operativo conjunto de Policía Local y servicios sociales, se han identificado 206 personas en los módulos de la antigua prisión. A ellas se suman unas 60 que residen en la zona de antiguas viviendas del recinto, espacios que presentan una situación distinta a la de los módulos.
Llamamiento a buscar soluciones
El Ajuntament ha reiterado que mantiene contacto con el Consell de Mallorca, el Govern balear y diversas entidades sociales para explorar soluciones habitacionales y alternativas para las personas afectadas.
Además, ha habilitado recientemente un correo electrónico para que entidades y particulares puedan ofrecer recursos disponibles que ayuden a dar respuesta a la situación.
“Instamos una vez más a las entidades sociales, particulares e instituciones competentes a proponer soluciones habitacionales y alternativas para los residentes de la antigua prisión”, ha concluido Bonet, subrayando que la prioridad del consistorio es proteger la seguridad, la salud y la integridad de las personas afectadas.
