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El alcalde defiende la actuación del Ajuntament ante el grave riesgo de seguridad en la antigua prisión de Palma

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Jaime Martínez Llabrés asegura que cerca de un centenar de personas ya han abandonado voluntariamente el recinto y destaca la labor social y policial desplegada durante el proceso de recuperación posesoria del inmueble.

Palma, 11 de mayo de 2026. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha defendido este lunes la actuación del Ajuntament en el proceso de recuperación de la antigua prisión de Palma, subrayando que el Consistorio actúa “con firmeza y responsabilidad” ante una situación que considera de “grave riesgo” tanto para las personas que ocupan el recinto como para la seguridad ciudadana y los servicios de emergencia.

El primer edil ha informado de que este lunes ha finalizado el proceso de notificación presencial a las 101 personas que continúan ocupando el inmueble, quienes dispondrán ahora de un plazo de cinco días hábiles para abandonarlo voluntariamente. Paralelamente, el Ajuntament remitirá al BOE la publicación correspondiente a otras 107 personas incluidas en el censo que no han podido ser localizadas tras varios intentos de notificación.

Martínez Llabrés ha recordado que el procedimiento de recuperación posesoria se inició el pasado 27 de febrero y ha defendido que el actual equipo de gobierno “no ha mirado hacia otro lado ante una realidad grave y sostenida en el tiempo”. Según ha explicado, más de 208 personas habían sido censadas en los módulos de la antigua prisión, aunque actualmente se contabiliza aproximadamente un centenar de personas con entradas y salidas habituales gracias al control permanente establecido por la Policía Local.

Riesgo de incendio, insalubridad y conflictividad

El alcalde ha insistido en que todos los informes técnicos y sanitarios alertan de una situación de riesgo “real y grave”. Entre los principales problemas detectados figuran la acumulación de residuos, colchones, bombonas de butano y materiales inflamables, además de problemas estructurales, desprendimientos y frecuentes incendios provocados por hogueras improvisadas.

En este sentido, ha detallado que durante 2025 los Bomberos de Palma han realizado 49 intervenciones dentro del recinto y una docena más en lo que va de año, frente a las ocho actuaciones registradas en 2023. Asimismo, la Policía Local ha llevado a cabo 263 actuaciones en el interior del complejo y 71 más en calles adyacentes.

“El deterioro progresivo de la situación y el aumento de la conflictividad hacían imprescindible actuar”, ha afirmado el alcalde, quien ha advertido de que no intervenir “habría sido una grave irresponsabilidad”.

Atención social y derivaciones a recursos del IMAS

Martínez Llabrés también ha puesto en valor la labor desarrollada por los servicios sociales municipales y las UMES del Consell de Mallorca durante todo el proceso. Según ha explicado, se ha realizado una atención individualizada a todas las personas identificadas en el recinto, ofreciendo información, orientación y alternativas habitacionales y sociales.

Como resultado de este trabajo, 45 personas han sido derivadas a recursos del IMAS, incluidos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral. Además, el Ajuntament tiene constancia de que parte de las personas que han abandonado la antigua prisión lo han hecho por traslados a la península, incorporaciones laborales en otros territorios o ingresos en centros penitenciarios.

El alcalde ha señalado que el acceso a los recursos sociales es voluntario y ha indicado que muchas personas no cumplen los requisitos para acceder a determinados servicios municipales, principalmente por no estar empadronadas en Palma o encontrarse en situación administrativa irregular.

Más de 337.000 euros en dispositivos de emergencia y seguridad

El dispositivo desplegado por el Ajuntament ya acumula un coste superior a los 337.000 euros, entre actuaciones policiales, intervenciones de Bomberos y trabajos extraordinarios de limpieza. Solo el operativo policial supera los 259.000 euros, con un coste medio diario de más de 4.100 euros.

Martínez Llabrés ha criticado además la falta de implicación del Gobierno central ante esta problemática y ha reclamado “más recursos y soluciones” para afrontar una situación que, según ha dicho, “excede claramente las competencias municipales”.

El alcalde ha concluido reiterando que el objetivo prioritario del Ajuntament es “proteger a las personas, garantizar la seguridad y recuperar un espacio municipal para ponerlo nuevamente al servicio de la ciudadanía”.

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