Lamenta que se promuevan 20.000 nuevas viviendas sin justificar la disponibilidad real de agua, agravando la sobreexplotación de acuíferos en Palma

Palma, 3 de mayo de 2025. El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha emitido un comunicado en el que advierte que la aplicación del Decreto-ley 3/2025, aprobado el pasado 14 de marzo y centrado en proyectos residenciales estratégicos, implica una «vulneración directa» del Plan Hidrológico, la Ley de Aguas estatal y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

En una primera valoración, la entidad ecologista critica que el decreto habilite un crecimiento urbanístico «a la carta», sin la debida planificación ni informes de impacto previos, lo que —según el GOB— podría derivar en graves consecuencias en materia de recursos hídricos, servicios públicos, movilidad y sostenibilidad urbana. La principal preocupación recae en la falta de agua disponible para cubrir las necesidades derivadas de la construcción de hasta 20.000 nuevas viviendas.

Una situación crítica de los acuíferos

El GOB recuerda que el informe de Recursos Hídricos incorporado a la última modificación del PGOU de Palma (2023) ya advertía que no había disponibilidad de agua suficiente para sostener los crecimientos previstos en fases finales del plan. A ello se suma ahora la aprobación del decreto, que prevé un crecimiento urbanístico que podría suponer la creación de hasta 46.000 nuevas viviendas.

Según los datos facilitados por la entidad ecologista, el acuífero de la Vileta ya registra un nivel de explotación del 112%, mientras que el del Pont d’Inca se encuentra en un 94%, superando ambos el límite del 80% recomendado por el Plan Hidrológico. A esto se suma el riesgo de intrusión marina, que compromete de forma irreversible la recuperación de los acuíferos, y una creciente dependencia de la desalación, que conlleva un alto coste energético y de emisiones de CO₂.

«Se hipoteca la resiliencia ambiental»

Desde el GOB se denuncia que el modelo promovido por el nuevo decreto responde a intereses inversores sin tener en cuenta la capacidad ecológica del territorio ni el principio de gestión sostenible del agua. «Se está hipotecando el futuro y destruyendo la resiliencia ambiental de la ciudad», advierten, subrayando que el agua subterránea es clave ante fenómenos como las sequías y el cambio climático.

Además, la organización apunta que se estaría incumpliendo el artículo 25.4 y el 52 de la Ley de Aguas estatal, que exige informes preceptivos y vinculantes sobre la suficiencia del abastecimiento hídrico en cualquier desarrollo urbanístico.

En cuanto a la normativa europea, se estaría vulnerando el artículo 4 de la Directiva Marco del Agua —por el «deterioro adicional» de masas de agua ya degradadas— y el artículo 11, que obliga a implementar planes de gestión integrada y preventiva del recurso hídrico para alcanzar el buen estado de las aguas antes de 2027.

Petición de informes y posible denuncia

Ante la gravedad de los hechos, el GOB ha solicitado al Govern balear el acceso a los informes técnicos —especialmente los de suficiencia hídrica— que deberían haber acompañado la aprobación del Decreto-ley 3/2025. En caso de no existir dicha documentación o de no poder justificarse la viabilidad hídrica de los crecimientos urbanísticos, el GOB se plantea presentar una denuncia ante el Estado español y la Unión Europea por presunto incumplimiento del Plan Hidrológico, la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua.