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El GOB Mallorca exige la retirada del Proyecto de Ley de Ordenación del Litoral por su impacto negativo en la conservación costera

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El GOB Mallorca ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral, advirtiendo que la normativa favorece la especulación y amplía actividades perjudiciales para los ecosistemas costeros.

Palma, 19 de octubre de 2024.- El GOB Mallorca ha presentado sus alegaciones al Proyecto de Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral de las Islas Baleares, denunciando que, a pesar de prometer la protección del litoral, el texto favorece la ampliación de usos que perjudican gravemente los ecosistemas costeros y contradicen la Ley estatal de Costas.

En un análisis detallado, el GOB ha calificado la ley como un «despropósito desordenado», señalando que facilita la especulación y el lucro en áreas litorales, en lugar de garantizar su protección. La organización ambiental considera que el articulado contiene numerosas incongruencias, y que su redacción complica tanto la interpretación de los ciudadanos como la aplicación de las administraciones.

Además, el GOB alerta de que más de una veintena de artículos deberían ser revisados o eliminados por generar confusión competencial entre administraciones, incumplir la normativa estatal y permitir actividades sin control en zonas vulnerables. Según la organización, la propuesta no se alinea con la urgencia de adaptar el litoral al cambio climático, ya que el proyecto ignora la necesidad de reducir las actividades que amenazan la biodiversidad y la resiliencia costera.

El GOB también recuerda que el litoral es uno de los espacios más afectados por el cambio climático, y que la ley debería representar una oportunidad para avanzar en su protección y renaturalización. La estrategia de conservación del Ministerio para la Transición Ecológica, iniciada en 2019, propone un enfoque integral para salvaguardar las costas, algo que, según el GOB, el nuevo proyecto de ley no contempla.

Por todo ello, el GOB solicita la retirada del borrador y una nueva redacción que respete la legislación básica de costas y priorice la conservación del litoral frente a los intereses privados.

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