Diversos colectivos exigen medidas urgentes ante la permisividad del decreto ley del Govern con construcciones en áreas de riesgo.
Palma, 24 de noviembre de 2024. El GOB ha solicitado a los ayuntamientos de las Islas Baleares que paralicen de manera urgente y total los expedientes para la legalización de construcciones situadas en zonas inundables, alegando los graves riesgos que estas prácticas suponen para la seguridad de las personas y el medio ambiente. Esta petición se produce mientras el Parlamento balear sigue sin aprobar una ley que regule estas situaciones, y el decreto ley aprobado en mayo por el Goverm permite tramitar la legalización de edificaciones fuera de ordenación, incluso en áreas de riesgo por inundaciones.
Entre las exigencias planteadas, el GOB también insta a que se suspendan de manera cautelar los expedientes ya en trámite o resueltos, al menos hasta que se defina claramente el alcance del proyecto de ley en debate y se apruebe la revisión de la delimitación de las zonas inundables. En Palma, por ejemplo, ya se han presentado nueve solicitudes para legalizar grandes construcciones unifamiliares, de las cuales al menos dos se encuentran en áreas señaladas como potencialmente inundables en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
La reciente tragedia ocurrida en Valencia ha provocado un cambio de postura en el Partido Popular, que ahora se muestra dispuesto a prohibir nuevas edificaciones en suelos inundables, aunque se resiste a frenar la legalización de construcciones ya existentes, una decisión que, según varios sectores, ignora los riesgos asociados a la crisis climática.
Además, el GOB alerta sobre la revisión en curso de la delimitación de las zonas inundables, indicando que esta podría buscar reducir el alcance de dichas áreas en favor de intereses económicos. Este temor se fundamenta en la posibilidad de que eventos extremos como los ocurridos recientemente en Valencia sean cada vez más frecuentes debido al cambio climático, lo que debería implicar una ampliación de las áreas de riesgo, no su reducción.
A pesar de que la Ley de Energía y Cambio Climático establece que el Consell Balear del Clima debe reunirse dos veces al año, el actual Gobierno no lo ha convocado en lo que va de legislatura. Por su parte, el Comité de Expertos en Cambio Climático de Baleares, órgano asesor en la materia, también ha pedido frenar este proyecto de ley debido a su impacto potencialmente negativo en la lucha contra el cambio climático.
Organizaciones y expertos coinciden en la necesidad de que las instituciones públicas prioricen medidas que refuercen la seguridad climática y jurídica, dejando de lado iniciativas que favorezcan el desarrollo inmobiliario a costa de la sostenibilidad y la seguridad de los ciudadanos.
