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“En campaña electoral dejamos de ser periodistas para convertirnos en correas de transmisión”

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La doctora cumlaude, directora de la edición balear de elDiario.es y autora de una investigación sobre la Junta Electoral Central, Angy Galvín alerta de que la LOREG condiciona gravemente la libertad informativa durante las campañas.

Palma, 20 de febrero de 2026. Doctora cumlaude, premio Antonio López Hidalgo y premio extraordinario de fin de estudios, decidió que su tesis doctoral sobre la Junta Electoral Central (El control del periodismo en España) no debía quedarse en el ámbito académico cuando comprendió el impacto real que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tiene sobre el ejercicio del periodismo. “Es una ley que condiciona muchísimo nuestra manera de informar en campaña electoral y, sin embargo, es bastante desconocida tanto para la ciudadanía como para los propios periodistas”, explica.

Su investigación parte de una paradoja: fuera del periodo electoral, los periodistas pueden ejercer su labor con relativa libertad; durante los quince días de campaña, en cambio, su trabajo queda sujeto a una normativa que regula incluso los minutos y segundos que deben dedicarse a cada partido político en radio y televisión, qué candidaturas pueden participar en debates o cuándo pueden publicarse encuestas.

Qué son los bloques electorales

Uno de los conceptos clave es el de los llamados “bloques electorales”, denominación informal que hace referencia a la obligación de distribuir el tiempo informativo en función de los resultados obtenidos por los partidos en las elecciones anteriores. En términos prácticos, esto significa que “cuantos más votos o escaños en el pasado, más presencia mediática en el presente”, resume.

El sistema ha generado situaciones controvertidas, especialmente con la irrupción de partidos emergentes como Podemos, Ciudadanos o Vox, que en sus primeras campañas carecían de representación previa y, por tanto, quedaron fuera de debates o con una presencia mínima en medios públicos pese a su relevancia social y mediática.

Para la investigadora, este modelo limita la libertad informativa y puede afectar a la calidad democrática: “Los criterios de noticiabilidad que enseñamos en las facultades —interés público, relevancia, proximidad— quedan supeditados a criterios políticos durante la campaña”.

Una tensión desigual según el medio

Con experiencia en COPE Baleares, Europa Press, RTVE Cataluña y actualmente al frente de un medio digital, Angy subraya que la aplicación de la ley no afecta por igual a todos los soportes. La televisión pública es la más condicionada, seguida de la radio. La prensa escrita y los medios digitales disponen de mayor margen, más allá del respeto a la jornada de reflexión y la prohibición de publicar encuestas en los cinco días previos a la votación.

En las redacciones audiovisuales, la presión puede llegar al absurdo. Recuerda el caso de una periodista de TV3 que tuvo que completar casi dos minutos de información sobre un partido cuyo mitin se había suspendido por la lluvia, simplemente para cumplir con el tiempo asignado por ley.

Una ley del siglo XX en un ecosistema digital

La LOREG fue aprobada en 1985, en un contexto mediático radicalmente distinto. Aunque ha sufrido modificaciones, mantiene una lógica propia de una época en la que la televisión era el principal canal de formación de la opinión pública.

“Estamos regulando el periodismo con herramientas del siglo XX en un ecosistema del siglo XXI”, afirma. Mientras la normativa es extremadamente estricta con los medios tradicionales, internet y las redes sociales operan con una regulación mucho más laxa.

Durante la campaña, proliferan encuestas publicadas desde Andorra o disfrazadas con símbolos para esquivar la prohibición, así como los llamados dark posts, anuncios políticos opacos que no siempre se identifican como publicidad. La propia Junta Electoral Central, integrada mayoritariamente por juristas, reconoce sus dificultades para controlar estos contenidos y la falta de herramientas técnicas.

Desregular al periodista, no regular más internet

Frente a este escenario, Angy Galvín plantea una propuesta clara: no se trata tanto de endurecer la regulación en redes —algo que considera extremadamente complejo— como de flexibilizar la normativa que constriñe el trabajo periodístico durante la campaña.

“Si se pudieran publicar encuestas hasta el último día antes de las elecciones, yo preferiría leerlas en un medio profesional que en una página anónima”, argumenta. Para ella, ofrecer información de calidad y con responsabilidad profesional es la mejor respuesta frente a la desinformación digital.

La batalla por el voto joven

La conversación política se ha desplazado en buena medida a plataformas como TikTok o Instagram, donde algunos líderes han sabido conectar con el electorado joven. Esta realidad refuerza la necesidad de alfabetización mediática y de formación crítica.

“En redes sociales el algoritmo responde a intereses comerciales y puede moldear nuestra percepción sin que seamos conscientes”, advierte. Por ello, defiende que los periodistas deben poder ejercer su labor con mayor libertad para ofrecer una alternativa informativa sólida.

Formar periodistas en un marco restrictivo

Como profesora en el CESAG, Angy reconoce que sus alumnos se sorprenden cuando descubren que durante la campaña los criterios profesionales aprendidos en la carrera quedan relegados. “Durante quince días, todo lo que han aprendido sobre noticiabilidad no sirve”, lamenta.

No obstante, destaca un posible avance: el anteproyecto de reforma impulsado por el Gobierno en 2025 que contempla la obligatoriedad de celebrar debates electorales televisados. A su juicio, obligar a los partidos a confrontar públicamente sus propuestas supondría un paso adelante en transparencia y calidad democrática.

La reforma, sin embargo, deberá superar un complejo trámite parlamentario en un contexto de inestabilidad política. “Cambiar la ley electoral es muy difícil porque afecta a la propia estructura del sistema democrático”, señala.

Aun así, confía en que este pueda ser el inicio de una transformación más profunda: “Quizá sea el primer paso para que los partidos dejen de pensar tanto en lo que les beneficia a ellos y empiecen a pensar más en lo que beneficia a la ciudadanía”.

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