El operativo conjunto se desarrolla con apoyo de los servicios sociales municipales y del 061, mientras el Ayuntamiento prepara el cierre definitivo del recinto para evitar nuevas ocupaciones.
Palma, 10 de junio de 2026. La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma en cumplimiento de la resolución judicial dictada el pasado 29 de mayo, que autorizó la actuación al considerar acreditado el grave riesgo para la seguridad de las personas que permanecían en el interior del recinto.
El operativo, coordinado entre ambos cuerpos policiales y diseñado tras la Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada la semana pasada, ha comenzado a las 12.00 horas y está previsto que se prolongue durante toda la jornada.
Atención social durante todo el proceso
Paralelamente al despliegue policial, los servicios sociales municipales permanecen sobre el terreno ofreciendo atención individualizada a las personas que todavía ocupaban las instalaciones y facilitando el acceso a los recursos sociales disponibles. El dispositivo cuenta además con la presencia permanente de una ambulancia del 061 para atender cualquier incidencia sanitaria que pudiera producirse.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, cuando se inició el procedimiento de recuperación del inmueble el pasado mes de febrero residían en los antiguos módulos penitenciarios 206 personas. Gracias a las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses, esa cifra se había reducido hasta aproximadamente 70 ocupantes antes del inicio del desalojo.
Asimismo, en coordinación con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), un total de 45 personas han sido derivadas a centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.
Un inmueble con graves riesgos para la seguridad
La decisión judicial se fundamenta en los informes elaborados por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y las autoridades sanitarias, que alertaban de un riesgo real y actual para la vida e integridad física de las personas presentes en el recinto.
Entre las principales deficiencias detectadas figuraban el elevado peligro de incendio, las malas condiciones de habitabilidad y las dificultades existentes para una evacuación segura en caso de emergencia, además del impacto que la situación estaba generando sobre la convivencia vecinal y la proximidad de un centro educativo.
Vigilancia permanente y cierre del recinto
Una vez concluido el desalojo, la Policía Local mantendrá un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas con el objetivo de impedir nuevas ocupaciones y garantizar la seguridad de la zona.
Posteriormente, el Ajuntament de Palma procederá al tapiado y cierre definitivo de las instalaciones, culminando así el proceso de recuperación posesoria del inmueble iniciado hace cuatro meses y dando paso a la futura transformación de este espacio municipal.
