El Govern impulsa procesos selectivos más ágiles y simultáneos en las tres islas para reforzar la estabilidad y atraer talento a la administración.

Palma, 27 de marzo de 2026. El Govern de las Illes Balears ha convocado a 1.309 personas para participar en los procesos selectivos de acceso a los cuerpos administrativo y subalterno de la Administración autonómica, en una jornada que marca el inicio de una nueva estrategia para agilizar y modernizar la función pública.

Las pruebas, organizadas por la Escuela Balear de Administración Pública, se han desarrollado de forma simultánea en Mallorca, Menorca e Ibiza, con sedes en la Universitat de les Illes Balears, el IES Joan Ramis i Ramis y el IES Sa Blanca Dona. En total, se ofertan 58 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2022, 2023 y 2024, incluidas en la convocatoria de 2025.

De los aspirantes convocados, finalmente se han presentado 724, lo que representa un 65,5 % en el caso del cuerpo administrativo y un 47 % en el cuerpo subalterno.

Distribución de plazas y desarrollo de las pruebas

Las plazas se reparten entre 25 del cuerpo administrativo —21 en Mallorca (tres reservadas para personas con discapacidad), una en Menorca y tres en Ibiza— y 33 del cuerpo subalterno —26 en Mallorca (dos con reserva), dos en Menorca y cinco en Ibiza (una reservada).

En cuanto a los exámenes, el cuerpo administrativo ha afrontado un cuestionario tipo test de 100 preguntas en 110 minutos. Por su parte, el cuerpo subalterno ha realizado una prueba dividida en dos partes: un test de 50 preguntas y un ejercicio teórico-práctico de 10 cuestiones de respuesta breve.

Hacia una administración más ágil y eficiente

Desde la Escuela Balear de Administración Pública se trabaja en una planificación más rigurosa de los procesos selectivos con el objetivo de estabilizar plantillas y reducir la temporalidad. Entre las medidas previstas destaca la implantación progresiva de convocatorias anuales que aporten continuidad y previsibilidad al sistema.

Además, el Govern impulsa una batería de acciones para agilizar los procedimientos, con la meta de que la fase de oposición no supere el plazo de un año. Esta línea responde a la necesidad de garantizar procesos más rápidos, transparentes y alineados con los principios de buena administración.

Con esta estrategia, el Ejecutivo autonómico avanza hacia un modelo de función pública más moderno y competitivo, orientado a atraer talento, consolidar empleo de calidad y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.