El Parlament de les Illes Balears aprueba, con el apoyo de PP, PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca, la reforma de la Ley de Capitalidad, que duplica la aportación mínima anual al Ajuntament de Palma. La nueva normativa también contempla medidas en vivienda, servicios sociales y seguridad, además de impulsar la creación de un área metropolitana con Calvià, Marratxí y Llucmajor.
Palma, 27 de octubre de 2026. El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma, una reforma que permitirá duplicar la financiación mínima anual destinada a la capital balear, pasando de los actuales 30 millones de euros a 60 millones.
La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del Partido Popular, PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca, y supone una actualización de la Ley 23/2006, aprobada hace dos décadas, con el objetivo de adaptar la normativa a las necesidades actuales de la ciudad.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha asistido a la sesión parlamentaria acompañado de varios miembros del equipo de gobierno municipal.
Desde el Ajuntament se ha valorado positivamente la aprobación de una reforma que pretende reforzar los recursos económicos y las herramientas de gestión de Palma, teniendo en cuenta las responsabilidades y necesidades derivadas de su condición de capital de las Illes Balears.
La financiación mínima anual pasa de 30 a 60 millones de euros
El principal cambio de la reforma es el incremento de la aportación económica mínima que recibirá Palma a través de la Ley de Capitalidad.
La cantidad establecida hasta ahora, de 30 millones de euros anuales, se eleva a 60 millones, lo que supone un aumento del 100%.
Además, la nueva normativa incorpora un mecanismo de actualización anual de esta financiación, que tendrá en cuenta dos factores: la variación del índice oficial de precios y la evolución de la población del municipio.
Este sistema pretende adaptar los recursos económicos a los cambios demográficos y al incremento de los costes asociados a la prestación de los servicios municipales.
La reforma también refuerza los mecanismos de cooperación y financiación entre las diferentes administraciones públicas.
Nuevas herramientas en vivienda, servicios sociales y seguridad
La modificación de la Ley de Capitalidad no se limita al ámbito económico, sino que también incorpora disposiciones relacionadas con diferentes competencias municipales.
Entre las materias contempladas se encuentran la vivienda y el urbanismo, los servicios sociales, la atención a las víctimas de violencia contra las mujeres y la seguridad y convivencia ciudadana.
El objetivo es dotar al Ajuntament de Palma de mayores instrumentos para afrontar las necesidades de una ciudad que concentra servicios, equipamientos y funciones administrativas vinculadas a su condición de capital autonómica.
La nueva norma pretende facilitar una mayor coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales.
Palma, Calvià, Marratxí y Llucmajor avanzan hacia un área metropolitana
Otro de los aspectos relevantes de la reforma es el impulso a la futura Área Metropolitana de Palma, concebida para mejorar la coordinación entre municipios que mantienen una estrecha relación territorial, económica y de movilidad.
La ley establece un plazo de dos años para tramitar una nueva norma que permita avanzar en la creación de esta estructura de cooperación.
El ámbito previsto incluye los municipios de Palma, Calvià, Marratxí y Llucmajor, que comparten importantes conexiones en materia de desplazamientos, servicios e infraestructuras.
La futura regulación deberá definir el marco de colaboración entre estos municipios y los mecanismos necesarios para abordar cuestiones de interés común.
El alcalde explicará el alcance de la reforma
Tras la aprobación parlamentaria, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, tiene previsto ofrecer este miércoles 28 de octubre una rueda de prensa para detallar las principales novedades introducidas en la Ley de Capitalidad.
Durante la comparecencia se espera que explique el alcance de la reforma y sus implicaciones para la financiación de la ciudad y la prestación de los servicios municipales.
La aprobación de esta modificación supone un cambio significativo en el marco de financiación de Palma, al establecer una aportación mínima de 60 millones de euros anuales, sujeta a actualización, y abrir nuevas vías de cooperación administrativa para afrontar los retos de la capital balear.
