La Junta Local de Seguridad coordina el dispositivo para ejecutar durante junio el desalojo forzoso del recinto, mientras los servicios sociales mantienen la atención a las personas que permanecen en su interior.
Palma, 4 de junio de 2026. El Ajuntament de Palma y la Delegación del Gobierno han iniciado la coordinación del dispositivo que permitirá ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma, después de que el Juzgado autorizara la actuación al considerar acreditada la existencia de un grave riesgo para la seguridad de las personas que ocupan actualmente el recinto.
La decisión fue abordada este jueves durante una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad presidida por el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y que contó con la participación de representantes de las principales fuerzas y cuerpos de seguridad, así como responsables de emergencias y administraciones públicas.
La convocatoria llega después de que la Junta de Govern diera traslado del auto judicial emitido el pasado 29 de mayo, que avala la ejecución del desalojo dentro del procedimiento de recuperación posesoria iniciado por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero.
Riesgo grave para las personas
Durante la reunión se expuso el contenido de la resolución judicial, que considera probada la existencia de un riesgo «real, grave y actual» para la vida y la integridad física de las personas que permanecen en el interior de la antigua prisión.
La decisión judicial se fundamenta en los informes elaborados por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y las autoridades sanitarias, que alertan del deterioro de las instalaciones, las dificultades de evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el complejo.
Los representantes de los distintos organismos presentes coincidieron en la gravedad de la situación y en la necesidad de actuar para evitar posibles incidentes que puedan poner en peligro a los ocupantes.
Coordinación policial para ejecutar el desalojo
Como resultado de la reunión, la Delegación del Gobierno y el Ajuntament de Palma han acordado encargar al jefe de la Policía Local y al jefe superior de la Policía Nacional la elaboración de una propuesta técnica conjunta que permita ejecutar el desalojo con las máximas garantías de seguridad para todas las partes implicadas.
La previsión es que la actuación se lleve a cabo a lo largo del presente mes de junio, una vez definidos los detalles operativos y los protocolos de actuación.
Atención social hasta el último momento
El Ayuntamiento ha recordado que, mientras no se materialice el desalojo, los servicios sociales municipales continuarán ofreciendo acompañamiento y atención a las personas afectadas, facilitando información sobre los recursos disponibles y coordinando actuaciones con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y otras entidades sociales.
Paralelamente, la Policía Local mantiene un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día en el entorno de la antigua cárcel, en colaboración con la Policía Nacional, para garantizar la seguridad y responder a cualquier incidencia.
Futuro del recinto
Una vez completado el desalojo, el Ajuntament procederá al cierre y aseguramiento definitivo del recinto mediante trabajos de tapiado e instalación de sistemas de videovigilancia para evitar nuevas ocupaciones.
La recuperación de este espacio municipal forma parte de los planes del consistorio para impulsar futuros proyectos de vivienda dotacional en los terrenos que ocupa la antigua prisión, una actuación que se enmarca dentro de las políticas municipales destinadas a ampliar la oferta de vivienda en la ciudad.
