El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo avala la actuación del Ajuntament y autoriza la entrada en el recinto para ejecutar el desalojo forzoso ante el riesgo de incendio y las deficientes condiciones de habitabilidad.

Palma, 2 de junio de 2026. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ha autorizado el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma, atendiendo a los informes técnicos y de seguridad que alertan del grave riesgo existente para las personas que permanecen en el recinto. La resolución judicial fue dictada el pasado 29 de mayo, el mismo día en que el Ajuntament presentó toda la documentación del expediente y solicitó la autorización de entrada al inmueble.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha explicado que la decisión judicial respalda plenamente la actuación municipal y confirma la necesidad de intervenir ante una situación que supone un riesgo real para la integridad física de los ocupantes y de los propios servicios de emergencia.

Un procedimiento iniciado por motivos de seguridad

La actuación se enmarca en el procedimiento de recuperación posesoria iniciado por el Ajuntament el pasado 27 de febrero sobre este inmueble de titularidad municipal. La decisión se fundamentó en diversos informes de la Policía Local, los servicios de extinción de incendios y las autoridades sanitarias, que advertían de un elevado riesgo de incendio, graves deficiencias estructurales y dificultades de evacuación en caso de emergencia.

Posteriormente, la Junta de Govern acordó desestimar las alegaciones presentadas por los ocupantes y requirió el abandono voluntario del recinto dentro de los plazos legales establecidos.

De 206 ocupantes a unas 80 personas

Al inicio del procedimiento fueron identificadas 206 personas residiendo en los distintos módulos de la antigua prisión. Según ha informado el consistorio, gracias al trabajo desarrollado durante los últimos meses, la cifra se ha reducido hasta aproximadamente 80 personas.

El alcalde ha vuelto a instar a los residentes a abandonar voluntariamente las instalaciones antes de la ejecución del desalojo, recordando que la medida ya no responde únicamente a una decisión municipal, sino que constituye un mandato judicial.

Intervención de los servicios sociales

La resolución judicial también recoge que las administraciones implicadas han desarrollado actuaciones para informar, orientar y ofrecer recursos sociales a las personas afectadas. Durante el proceso, los servicios sociales municipales, en colaboración con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), han derivado a 45 personas a centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.

Asimismo, los informes sociales aportados al procedimiento no han detectado la presencia de menores ni de víctimas de violencia de género que requirieran medidas especiales de protección dentro del recinto.

Dispositivo coordinado para ejecutar el desalojo

El Ajuntament prevé ejecutar el desalojo durante este mes de junio. Para ello, este jueves se celebrará una Junta Local de Seguridad extraordinaria con la participación de las distintas administraciones y cuerpos de seguridad, con el objetivo de coordinar el operativo y garantizar que la actuación se lleve a cabo con todas las garantías.

Martínez Llabrés ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos y funcionarios municipales que han participado en la tramitación del expediente, destacando la profesionalidad y el rigor con el que se ha desarrollado todo el procedimiento.