La Mesa de Lucha contra el Intrusismo incorpora nuevas herramientas como multas coercitivas, mayor coordinación policial y más control sobre actividades ilegales en turismo, transporte, actividad marítima y comercio.
Palma, 6 de julio de 2026. La Mesa de Lucha contra el Intrusismo ha celebrado este lunes su segunda reunión de trabajo, en la que el Govern de les Illes Balears ha presentado nuevas medidas para reforzar el control de las actividades ilegales en algunos de los principales sectores económicos de las islas.
En el ámbito turístico, el Ejecutivo autonómico ha anunciado tres nuevas herramientas para intensificar la lucha contra la oferta turística ilegal: la incorporación de multas coercitivas diarias para propietarios reincidentes, una mayor protección de los alojamientos turísticos reglados frente a la ocupación ilegal y la puesta en marcha de un nuevo protocolo de coordinación entre las policías locales de Ibiza y los servicios de inspección turística.
Las multas coercitivas podrán oscilar entre los 500 y los 5.000 euros diarios para aquellos propietarios que, tras ser requeridos por los servicios de inspección, continúen comercializando alojamientos turísticos ilegales. En caso de reiteración, los expedientes podrán ser trasladados a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia.
La segunda medida busca proteger a los alojamientos turísticos reglados frente a ocupaciones ilegales o usos residenciales encubiertos. La modificación de la Ley de turismo permitirá a los establecimientos solicitar el auxilio inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proceder al desalojo cuando se produzcan situaciones que alteren la actividad turística autorizada.
La Mesa también ha abordado el nuevo protocolo operativo de las policías locales de Ibiza, desarrollado por el Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears junto con el Consell Insular de Ibiza y la Conselleria de Presidencia. Este mecanismo permitirá que actuaciones policiales motivadas por molestias vecinales u otras incidencias puedan derivar en expedientes de inspección turística si se detectan indicios de oferta ilegal.
Estas medidas se suman a otras actuaciones impulsadas durante la legislatura, como la prohibición de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, el incremento de las sanciones hasta los 500.000 euros en los casos más graves, la corresponsabilidad de las plataformas digitales y los incentivos para que viviendas retiradas del mercado turístico ilegal se destinen al alquiler residencial.
En materia de transporte terrestre, el Govern ha informado de los avances en los tres ejes de actuación contra el intrusismo: el ámbito normativo, la coordinación institucional y la formación junto con la Escuela Balear de Administración Pública. Además, esta semana se convocará la primera reunión del grupo de trabajo específico sobre transporte terrestre, creado en el seno de la Mesa.
En el ámbito marítimo, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha destacado el refuerzo de los dispositivos de vigilancia y control del litoral a través de Ports IB. Actualmente, el dispositivo cuenta con 22 embarcaciones, diez destinadas a la vigilancia costera y doce adscritas a los puertos gestionados por Ports IB.
Este refuerzo se ha acompañado de una mayor actividad inspectora contra el alquiler irregular de embarcaciones. Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores, con propuestas de sanción por más de 471.600 euros. Este año ya se han iniciado 39 nuevos expedientes y alrededor de setenta más se encuentran pendientes de incoación.
En el ámbito comercial, el Govern ha abierto un canal permanente de comunicación con AFEDECO, PIMECO y la Confederación Balear de Comercio para compartir información, analizar la evolución del top manta y de la venta ambulante ilegal, y coordinar actuaciones que protejan al comercio de proximidad frente a la competencia desleal.
Con esta segunda reunión, la Mesa de Lucha contra el Intrusismo continúa consolidándose como un espacio de coordinación entre el Govern, los consejos insulares, los ayuntamientos y los sectores afectados. El objetivo es impulsar una respuesta conjunta frente a las actividades ilegales en ámbitos estratégicos como el turismo, el transporte, la actividad marítima y el comercio.
