El censo municipal contabiliza 206 personas en el interior del recinto y el Ajuntament solicita la implicación de Delegación del Gobierno para habilitar soluciones en el marco de sus competencias.
Palma, 27 de febrero de 2026. El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este viernes la Junta Local de Seguridad y la posterior Junta de Govern extraordinaria convocadas en el marco del proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión de Palma.
Ambas reuniones han servido para informar al resto de instituciones y cuerpos competentes de las actuaciones impulsadas por el Consistorio, así como para poner formalmente en marcha el procedimiento administrativo destinado a recuperar el inmueble.
Un censo de 206 personas en el interior
La primera reunión, celebrada a las 09.00 horas, ha contado con representantes municipales, mandos de la Policía Local y Bomberos, así como con responsables de Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil y Emergencias del Govern balear.
Durante el encuentro, el Ajuntament ha dado a conocer los resultados del censo realizado por la Policía Local de Palma y Serveis Socials, cerrado a las 07.00 horas de este viernes, que ha constatado la presencia de 206 personas en el interior del recinto.
Según los primeros análisis, y a la espera de cruzar los datos con las bases de la Policía Nacional, aproximadamente el 80% son hombres y la media de edad se sitúa en torno a los 33 años, concentrándose la mayoría entre los 23 y los 35 años. No se ha detectado la presencia de menores.
En cuanto a la nacionalidad, alrededor del 70% de las personas identificadas son de nacionalidad magrebí; un 15% española y un 10% colombiana. El resto procede de otros países de América Latina, según las primeras estimaciones municipales.
A estas 206 personas se suman otras 60 que residen de manera irregular en viviendas del antiguo recinto penitenciario. Estas no han sido incluidas en el censo actual, ya que su desalojo se abordará en una fase posterior y diferenciada.
Refuerzo de la seguridad y control de accesos
El alcalde ha recordado que el control de acceso instaurado desde el miércoles en la entrada de la antigua prisión se mantendrá hasta que se produzca el desalojo completo del recinto. En este sentido, ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional para reforzar la vigilancia de las zonas adyacentes y garantizar la seguridad tanto en el interior del edificio como en su entorno.
Dispositivo social y coordinación institucional
Paralelamente, se ha detallado el dispositivo social activado por parte del Consistorio. Serveis Socials ha iniciado contactos con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales, el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), el Obispado de Mallorca, la entidad Mater y Cruz Roja, con el objetivo de identificar recursos disponibles y coordinar posibles alternativas.
Asimismo, se ha abierto un censo específico para que aquellas entidades con disponibilidad de recursos puedan ponerse en contacto con el Ajuntament y colaborar en la gestión de la situación.
El alcalde ha vuelto a instar a la Delegación del Gobierno a habilitar medidas y soluciones dentro del marco de sus competencias, subrayando que el proceso se está llevando a cabo con el máximo rigor administrativo y coordinación institucional.
Con estas actuaciones, el Consistorio avanza en la recuperación posesoria de la antigua cárcel, en un procedimiento que combina intervención administrativa, refuerzo de la seguridad y activación de recursos sociales.
