Cort solicita la suspensión cautelar de la resolución estatal al considerar que causaría daños irreversibles al patrimonio

Palma, 27 de abril de 2026. El Ajuntament de Palma ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución del Gobierno central que ordena la retirada del monumento de Sa Feixina, al considerar que vulnera resoluciones judiciales firmes y podría incurrir en supuestos de prevaricación.

El recurso se dirige contra la decisión de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de incluir el monumento en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática. Desde el consistorio se sostiene que esta medida contradice sentencias previas que reconocen su protección patrimonial.

Amparo judicial y protección patrimonial

El Ayuntamiento recuerda que el monumento fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, eliminando elementos de exaltación franquista e incorporando una reinterpretación democrática. Posteriormente, una sentencia de 2020, confirmada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, lo declaró bien catalogado del patrimonio histórico.

En este sentido, el consistorio defiende que el monumento cuenta con valores históricos, arquitectónicos y artísticos acreditados, lo que implica la obligación de preservar su integridad y evitar su destrucción o traslado.

Advertencia de responsabilidades penales

El recurso municipal advierte de que mantener la orden de retirada podría suponer actuar “a sabiendas de su injusticia”, lo que podría derivar en responsabilidades penales vinculadas a delitos contra el patrimonio histórico.

Asimismo, el Ajuntament de Palma sostiene que la resolución estatal podría vulnerar la propia Ley de Memoria Democrática, que contempla excepciones cuando concurren valores patrimoniales protegidos, como ocurre en este caso.

Apoyo de entidades patrimoniales

El documento también recoge el respaldo de entidades como ARCA, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e ICOMOS, organismo consultivo de la UNESCO, que han defendido el valor histórico y artístico del monumento y su permanencia.

Solicitud de suspensión inmediata

Ante esta situación, el consistorio ha solicitado la suspensión cautelar de la resolución estatal al considerar que su ejecución provocaría daños irreversibles en el patrimonio de la ciudad.

Con este recurso, Cort asegura actuar en defensa del patrimonio de Palma y del ordenamiento jurídico, insistiendo en la necesidad de respetar las resoluciones judiciales firmes y el principio de seguridad jurídica.